[El País] Entrevista a l’Isma

“Hemos sufrido la carga ideológica del Ayuntamiento de Trias”

Ismael Benito, acusado de causar disturbios en la huelga general de 2012, aplaude la decisión de Ada Colau de retirar los cargos

JESÚS GARCÍA | Barcelona | 17 JUN 2015 – 17:18

Ismael Benito ha recuperado las buenas sensaciones que solía transmitirle Barcelona. “Que el Ayuntamiento haya cambiado de posición supone para mí un gran impacto emocional”, explica Benito, que aunque vive fuera de la capital catalana acude cada día a la ciudad para estudiar. El joven aplaude la decisión de Ada Colau de retirar la acusación contra él y su compañero Daniel Ayyash. Isma y Dani afrontan una petición de casi nueve años de cárcel por haber causado, presuntamente, disturbios durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Isma y Dani siguen defendiendo su inocencia. Incluso se han negado a pactar una pena de conformidad que les podría evitar un hipotético ingreso en prisión en caso de ser declarados culpables. “No puedo aceptar que he hecho daño a un policía cuando no se lo he hecho. No puedo aceptar un delito que no he cometido”, explica por teléfono Benito, quien agradece que Colau haya “confirmado su compromiso” de retirar los cargos.

Los dos jóvenes participaron en la huelga del 29-M para protestar por la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP. Esa reforma, dice, es “crucial para entender” por qué se aplicó una extrema dureza contra los acusados de causar disturbios durante las protestas. Isma y Dani pasaron 34 días en prisión provisional por participar, presuntamente, en unos disturbios en la Diagonal. Ambos formaban parte de la Asociación de Estudiantes Progresistas, que está “en contra del uso de la violencia”.

Benito critica que el Ayuntamiento haya exigido penas de prisión para algunos jóvenes detenidos en esa y otras protestas. Cree que el consistorio dirigido por Xavier Trias aplicó a sus valoraciones jurídicas un sesgo ideológico de mano dura con las protestas. “Nosotros, y en especial nuestras familias, hemos sufrido la carga ideológica del Ayuntamiento”.

Aunque el consistorio de Colau va a retirar los cargos, Isma y Dani se enfrentan aún a las acusaciones de la Generalitat y de la Fiscalía, que pide casi nueve años de prisión por diversos delitos. Pero, ¿qué hechos se les atribuyen exactamente? Según la acusación, ambos participaron en un piquete en la avenida Diagonal, bloquearon la vía colocando contenedores y quemaron dos de ellos. También están acusados de enfrentarse a los policías cuando fueron detenidos, dos horas más tarde.

“Ellos no participaron. Ni interrumpieron el tráfico, ni lanzaron piedras ni quemaron ningún contenedor. La acusación se basa solo en que uno de los chicos llevaba una botella de quemar barbacoas. Esa botella se puede comprar en cualquier supermercado y la propia policía reconoce que estaba sellada y no había sido utilizada”, tercia el abogado defensor de ambos, Luis Salvadores.

Salvadores defiende la renuncia del Ayuntamiento: “No se entendía por qué se personaban si no era para criminalizar a unos chicos que habían participado en una movilización contra los recortes”, dice el abogado, quien añade que con el cambio de criterio el consistorio está “aplicando la coherencia”.

Oriol Arcas, miembro del grupo de apoyo a los dos acusados, destaca que la decisión del consistorio supone “volver a la normalidad” y pide que la Generalitat también retire la acusación. Arcas destaca que diversos ayuntamientos (como L’Hospitalet o Terrassa) y decenas de entidades han pedido la absolución de Isma y Dani, estudiantes de Física de la UB.

Aunque los días en prisión ya quedan lejos, los dos acusados aún tienen que acudir a firmar una vez al mes a la Ciudad de la Justicia. “Saber que a 20 metros está la juez que te envió a prisión y te marcó de esa manera… No es fácil”, reflexiona Benito. El juicio se celebrará el próximo 30 de junio.

El Ayuntamiento ha añadido esta mañana que numerosas entidades habían solicitado retirar los cargos y que se trata de un caso “muy claro” con posicionamientos “muy contundentes”. El consistorio cree que pedir penas de cárcel en el contexto de movilizaciones ciudadanas debe ser “el último recurso”, aunque sí ve “lógico” que “se activen las vias de reclamacion administrativa”. La vía penal solo se pondrá en marcha, añade, por cuestiones “muy excepcionales o de alarma social”.

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